Aunque la noticia no es de este mes, y pudiera parecer que no es de actualidad, es importante. Después de 70 años de espera, publicar la noticia tampoco es retrasarse, tanto. Debiera tomar ejemplo el señor Gallardón con tantas calles de generalotes golpistas que quedan en Madrid, pero a mi hay una que especialmente -o mejor dos- que me resultan especialmente lacerantes: La calle de Arriba España y la de Caidos de la División Azul. La noticia que os traemos es de Logroño.
Lo de ayer en el Consistorio logroñés fue una exhibición de malos modales. Hasta que el alcalde de Logroño, Tomás Santos, hizo un llamamiento a la cordura y pidió a la corporación que moderase sus expresiones: se escucharon lindezas como señorita Rottenmeier, palanganera, prepotente, manipulador, infantil o demagogo. Una sesión plenaria que estuvo protagonizada por los rifirrafes personales y por el poco argumento político. Los populares llegaron a abandonar la sala por unos minutos.
No sin polémica, PSOE y PR sacaron adelante (con la abstención del PP) la creación de una comisión política y social para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que elaborará un dictamen sobre el cambio de nombre de algunas calles, entre otras medidas que persigan «crear una memoria democrática en la ciudad». Con este acuerdo, para el edil de Cultura, Carlos Navajas, «Logroño contará con una memoria histórica en la ciudad, ya que lo que no se puede tener es una memoria pública dictatorial».
Lo que para PSOE y PR «es un acto de justicia con aquellos que padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura y una forma de cerrar heridas», para el PP «no es una prioridad para la ciudad», según dijo la portavoz popular, Concepción Gamarra. Por ello, su grupo se abstuvo, aunque mostró su compromiso de participar en la comisión, en la que también estarán presentes diferentes asociaciones riojanas, agentes sociales y representantes políticos.
Una decisión que fue aplaudida por el alcalde, quien subrayó que «la pluralidad garantiza la cordura de los acuerdos que se tomen».
Por otro lado, la sesión plenaria aprobó (como excepción, por unanimidad) una declaración de apoyo a la presidencia europea de España en 2010 y la firma de un convenio con la Jefatura Central de Tráfico para centralizar las gestiones del censo de conductores y vehículos. Es decir, a partir de ahora, si alguien se cambia de domicilio sólo tendrá que notificarlo en el Consistorio, que se encargará de las gestiones. «Evitaremos las dobles gestiones», dijo el portavoz municipal, Vicente Urquía.
La Casa de la Inquisición
Tras los acuerdos y una primera parte no muy agitada, arrancó la gresca política en el salón de plenos con el rechazó de las mociones presentadas por los populares. Un acalorado debate que continuó, a petición del PP, con la comparecencia del edil de Patrimonio, Ángel Varea. Por error, en el orden del día el PP había solicitado la presencia del edil de Comercio, José Luis Lagunilla, lo que causó la mofa del regionalista Varea. En dicha solicitud, el PP pedía una explicación sobre el derrumbe de la fachada de la Casa de la Inquisición, sus causas, las medidas de prevención tomadas y las actuaciones futuras.
Para la popular Pilar Montes, que la causa del derribo sea la nieve es «una respuesta infantiloide». Por su parte, Varea recordó que el edificio fue declarado en ruina cuando gobernaba el PP, para derribarlo y alinear la calle, pero que PSOE-PR decidió recuperarla. «El edificio tenía problemas de desgaste y erosión», remachó. Así, censuró el discurso de Montes por querer acusarle de «derribar el edificio». Por último, recordó a Montes que en su anterior trabajo demolió dos edificios de protección 1. «La misma protección que tiene La Redonda», concluyó.