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Las trabas del PP no impedirán que Tomás Maicas salga de la fosa que le obligaron a cavar Tomás Maicas y su esposa, Irene Marcos. “Es el único caso que conozco al menos en la Comunidad Valenciana de un alcalde que cobre las tasas de exhumación a las familias de los fusilados”. Matías Alonso del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana no se lo acaba de creer. Rafael Calvo, alcalde de la localidad castellonense de Segorbe ha cobrado las tasas de exhumación a familiares de los ediles exhumados en julio en una fosa del pueblo.

“A la familia de Tomás Maicas, cuyos restos enterraremos este sábado,  le ha sentado mal, pero lo han pagado. Casi 43 euros. No es una gran cantidad pero humanamente es definitorio”- explica Matías Alonso- “Este alcalde puso muchas pegas mientras realizábamos toda la tramitación, pero claro, la ley es la ley y al final tuvo que aceptarlo. Pero ahí ves como en el Partido Popular hay gente que evidencia esta actitud de insumisión a la Ley de Memoria Histórica”.

Entierro y homenaje a Garzón
Pese a los problemas puestos por el regidor popular, Tomás Maicas recibirá este sábado el homenaje que merece su historia: será enterrado entre honores y con un recuerdo a Baltasar Garzón, el juez que tuvo un papel decisivo en la recuperación de su memoria. Mientras, a muchos kilómetros de Segorbe, ni más ni menos que en París, también se recordará al magistrado ya expulsado de la carrera judicial con una manifestación solidaria.

Lejos de su casa
Tomás Maicas tenía 40 años, era de Teruel  trabajaba como cantero, estaba casado y con tres hijos de ocho, seis y cuatro años. Pertenecía a  izquierda republicana y era alcalde de Teresa, una localidad pequeñita de Castellón de la Plana. Le fusilaron el 2 de noviembre de 1939 lejos de su casa. Pero este sábado sus restos serán enterrados cómo se merecen en el cementerio de su pueblo.

Consejo de guerra
“En casa, al abuelo lo teníamos mitificado por buena gente que era” – ha relatado a ELPLURAL .COM  el nieto de Tomás Maica, que lleva su nombre. “Se lo llevaron en agosto a Segorbe, unos dicen en el pueblo que fueron los falangistas, otros que la Guardia Civil. Le hicieron un consejo de guerra. No tengo documentación de las acusaciones”.

El nieto de Tomás Maicas (1i) y los familiares de los otros fusilados en Segorbe reciben los restos de sus familiares

Carta de clemencia
Lo que sí tiene Tomás Maicas nieto es una carta: “Es una carta de clemencia  firmada por todas las fuerzas vivas del pueblo: el alcalde, el médico, el maestro, el cura… En ella se dice textualmente  que a pesar de haber observado en él actividades sindicales y haber apoyado a la rebelión (evidentemente no a los franquistas, sino a los republicanos), tenía actividades sindicales. Dicen que evito asesinatos y desmanes e  hizo favores a gente de derechas también”.

Sin delitos de sangre
Desde la detención hasta la ejecución transcurrieron cerca de cuatro meses. Su mujer  Irene Marco los pasó yendo y viniendo, rogando y suplicando perdón.  No sirvió de nada. Tomás Maicas había cometido el pecado de confiar;  se había creído a pies juntillas la promesa de los franquistas de que quien no tuviera las manos manchadas de sangre no debía temer. Por eso se quedó en el pueblo.

Cavaron su propia fosa
Les mataron en la cercana localidad de Segorbe. A él, al alcalde de Gátova, Cipriano Esteve y a otros dos concejales de la misma localidad Vicente Martínez y Bernardino Martínez. Antes  fueron obligados a cavar la fosa. Una fosa en la que cayeron uno sobre otro tras los disparos. Así los encontraron en julio, cuando al fin tras dos años de papeleo, tras las averiguaciones pertinentes, los certificados, los permisos administrativos… los familiares consiguieron recuperar los restos.

Exhumación
Se consiguió porque la familia de Cipriano Estévez sabía donde estaba la fosa que al principio se encontraba extramuros del camposanto y luego, con la ampliación del cementerio, quedó dentro. Los familiares acudían con regularidad para cuidarla. Un día, el alcalde socialista de Gátova  pidió ayuda al Grupo para la Recuperación de la Memoria  Histórica de la Comunidad Valenciana  presidido por Matías Alonso. Tras muchos sinsabores consiguieron rescatar los cuerpos y con la ayuda del equipo de especialistas forenses, antropólogos y paleontólogos Paleolab, los identificaron y entregaron a sus descendientes.

“Garzón estará en nuestros pensamientos”
Este sábado, su nieto podrá enterrar por fin a Tomás Maicas junto a su esposa Irene. El representante de Memoria Histórica, Matías Alonso, recuerda, que este acto que reunirá a alcaldes, a familiares y a muchas personas que quieren honrar  al regidor fusilado, coincide con la inhabilitación de Baltasar Garzón. “Dos días después de su expulsión, Baltasar Garzón estará presente en el pensamiento de los reunidos”  afirma en un comunicado que publica ELPLURAL.COM. Resalta también que ese mismo día en París se celebrará una manifestación en favor del ex juez.

“Que la justicia recupere la cordura”
En el acto, un biznieto leerá la petición de clemencia con que los vecinos de Teresa intentaron evitar la ejecución de Tomás Maicas. “Para que se sepa quien era –dice su nieto- Para que no haya dudas. Nosotros lo que queremos es darle sepultura y ayudar a que el juez Garzón lleve el nombre bien alto y ya está. Ojalá la justicia recupere la cordura, premie a los buenos y castigue a los malos. Porque cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

El Plural

Aparecen en Valencia los restos de 17 represaliados del franquismo

Los forenses presentarán un informe “demoledor” que demostrará el “sadismo” de los asesinatos

Dos de los 17 cuerpos recuperados de la fosa común./PÚBLICO JUAN  NAVARRO

Dos de los 17 cuerpos recuperados de la fosa común./PÚBLICO JUAN NAVARRO

El equipo de arqueología y bioantropología Grupo Paleolab ha concluido el estudio de los restos de 17 represaliados del franquismo encontrados en fosas “ilegales” de las localidades de Albalat y Benagéber. Con estos trabajos, las primeras familias valencianas tienen por fin constancia de donde están sus difuntos desaparecidos de forma “forzosa” y, “por primera vez, pueden cerrar la herida”.

Tras una larga labor de búsqueda impulsada por la asociación La Gavilla Verde y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, junto al Grupo Paleolab, los resultados de los análisis de laboratorio se expondrán en un “demoledor” informe científico que se dará a conocer el lunes 8, “en términos estrictamente forenses y judiciales” que sacará a la luz “sadismo” con el que estas víctimas fueron asesinadas, como “prueba de un delito” ante un juez, que no podrá “inhibirse”.

Así lo anunció este jueves el coordinador de Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, Matías Alonso, en una rueda de prensa junto al presidente de la asociación de familiares de Benagéber, Miguel Garrido, hijo de uno de los represaliados localizados en este estudio.

Puede haber más fosas de las 83 “oficiales”

Un trabajo que no ha hecho más que empezar, y que con la subvención de carácter anual de 56.400 euros que el Ministerio de la Presidencia acaba de conceder al Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, éste pretende realizar, por primera vez, un listado de fosas de la Comunitat Valenciana. Una “ardua labor” en una región “salpicada por entierros ilegales” que empezará este año por Valencia, donde existen “oficialmente” 83 fosas, y quiere extender más tarde a Castellón y Alicante.

“Bastantes más”

Además de las fosas conocidas, puede haber “bastantes más” ha augurado Alonso, pues cuando en los primeros años de posguerra se contabilizaron 35 campos de concentración y 113 lugares utilizados como centros de detención en la Comunitat, con lo que la cifra real estaría entre las 100 y 150 fosas, que ahora se quieren localizar, así como “devolver el nombre” a quienes yacen en ellas.

“Los mismos huesos son los que están hablando” y gracias a los restos de las 17 primeras víctimas identificadas, se descubrirá en un informe “la verdad” de lo que pasó con aquellas personas “desaparecidas forzosamente” y “asesinadas impunemente” en los años posteriores a la Guerra civil, “al abrigo de los bosques”.

“Los mismos huesos son los que están hablando”

Así mismo, el informe dejará clara la “colaboración de autoridades de la época, alcaldes y párrocos, que permitían entierros ilegales en su demarcación”, ha avanzado Alonso, quien ha hecho un llamamiento para que las autoridades actuales ayuden a “reparar el daño de sus predecesores”.

Autorización oficial

En este sentido, ha destacado que en Benagéber, “por primera vez” un alcalde ha autorizado las ocho exhumaciones realizadas, al tiempo que en Albalat, la diócesis la que ha dado su beneplácito, ha valorado. En esta última, se ha comprado un nicho donde figurarán los nombres de los represaliados. Se trata de dos hitos que “refuerzan” su labor para seguir con las restantes peticiones “en esta vía”, que según Alonso, es una “labor de servicio público esencial que deberían acometer los gobiernos autonómicos”, ha puntualizado.

Del mismo modo, ha criticado que “tradicionalmente, la judicatura ha sido un “problema” y no quiere ayudar en cuestiones de memoria histórica, como tampoco una parte de la derecha que “sigue hostil”.

Entre los familiares que podrán dar descanso a los restos de sus familiares, Miguel Garrido ha celebrado que por fin podrá enterrar a su padre, trabajador del pantano de Benegéber y republicano, pero nunca guerrillero, y llevar su cuerpo junto al de su madre en el pueblo de Landete, además de darle una misa.

“Sólo pedimos justicia”, ha manifestado Garrido, quien ha lamentado que personas como su padre, –según las conclusiones que revela el informe que se presentará este lunes en la Universitat de Valènca–, fueran asesinadas “con varios tiros en las piernas y los brazos para que murieran lentamente, algunos de ellos, con hasta 30 tiros en el cuerpo, ha precisado.

Fuente: Público.

El PSPV exige a Barberá la retirada de símbolos franquistas

Los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia reclaman el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Ministerio de Defensa ya tiene licencia para retirar elementos de la dictadura en los edificios de Capitanía General y Gobierno Militar

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia exigió hoy al equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Rita Barberá, la “retirada de los símbolos franquistas que perduran en la ciudad en cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica”.

Así, el concejal del PSPV Juan Soto anunció la presentación de una moción al respecto al próximo pleno municipal e informó de que la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo celebrada ayer otorgó licencia al Ministerio de Defensa para retirar los símbolos de la dictadura ubicados en los edificios de Capitanía General y del Gobierno Militar.

“Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura. Por ello, si no quiere hacerlo desde la convicción, que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley”, afirmó el representante socialista.

Soto recordó que, de hecho, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007, establece en su artículo 15.1 que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Por tanto, explicó, “no se trata de algo discutible que dependa de la voluntad de cada gobernante, sino que es un imperativo legal retirar los vestigios anacrónicos de exaltación de un régimen autoritario y dictatorial y sustituirlos por símbolos democráticos”.

Tanto es así –subrayó– que el Gobierno ya ha obtenido licencia para intervenir en el edificio de Capitanía General, donde ya ha retirado la estatua ecuestre y donde se retirará el escudo franquista y de sustituirá por uno constitucional, y Gobierno Militar, donde se eliminarán los elementos anticonstitucionales del escudo, como el águila de San Juan y el yugo y las flechas, y se añadirá la flor de Lys.

Además, el Gobierno retirará de la Capilla de San Vicente Ferrer, en el edificio de Capitanía, una lápida de mármol en la que se lee: “Esta capilla fue profanada y utilizada como polvorín por los marxistas (1936-1939) y restaurada por las fuerzas nacionales. A la liberación de Valencia, en desagravio al santo que habitó esta celda capilla y en memoria de nuestros caídos se dedica esta lápida. Valencia, 18 de julio 1943″.

“El Gobierno ya ha cumplido su parte. Ahora le toca a Barberá”, consideró Soto, para quien la retirada de símbolos “debería ser un proceso natural, pacífico y sin trauma, desde la aceptación de la simbología democrática”.

“Cada vez más gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular aplican de manera normalizada la ley tanto en la retirada de simbología como de honores a Franco. Barberá esta cada vez más sola dentro de su propio partido”, lamentó Soto.

El edil censuró que en la ciudad “perduran numerosos símbolos de la dictadura”, como los escudos ubicados sobre las puertas principales de los colegios públicos Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera, el monolito situado en el grupo de viviendas Antonio Rueda, la cruz en memoria de los caídos ubicada bajo el arco de la plaza del Mar, o los escudos ubicados sobre los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas.

El representante socialista consideró “especialmente grave” la presencia de los escudos en colegios, “pues los centros educativos son espacios en los que los niños y niñas crecen y se forman en libertad y en democracia y respeto a los derechos humanos, por lo que carece de sentido que convivan con símbolos que agreden la conciencia democrática y representan la censura, la falta de libertades, la persecución, la tortura y que tienen un encaje imposible en una ciudad democrática”, defendió.

“REDUCTO DE RESISTENCIA”

“El gobierno municipal de Barberá no puede continuar siendo un reducto de resistencia que se niega a condenar la dictadura franquista, a aplicar la ley y a normalizar la simbología democrática”, afirmó el edil, para quien “la simbología de un país democrático como España tiene que estar plenamente identificada con los valores de la libertad, los derechos humanos, el respeto y la dignidad”.

“Ya no puede alegar el valor patrimonial de los inmuebles en los que se ubican los escudos. El edificio de Capitanía General está declarado Bien de Interés Cultural y aún así el Gobierno ha demostrado que se puede retirar el escudo”, concluyó.

Fuente: La Información

IU pide la revisión del proceso judicial a Miguel Hernández

exige anular la condena

IU pide la revisión del proceso judicial a Miguel Hernández

foto
Foto: ep

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo IU-CM presentará una moción en los ayuntamientos de la región para apoyar la petición para que el Ministerio de Justicia revise el proceso judicial del poeta Miguel Hernández y se anule su condena, al entender que sería una forma de “resarcir y limpiar la memoria de uno de los poetas más prolíficos y reconocidos en la literatura universal”.

Según informó este domingo IU-CM, el 18 de enero de 1940 el Consejo de Guerra Permanente condenó a muerte a Miguel Hernández. “La condena fue conmutada por la pena de 30 años de prisión con el único objetivo de que fuera ignominiosamente exterminado, y así fue, pues el poeta fallecía el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante a consecuencia de una grave enfermedad”, explicaron.

Este año se conmemora el centenario de su nacimiento, por lo que sería “el momento idóneo para homenajearle” y, sobre todo, “limpiar y recuperar su memoria”. “Los cargos que motivaron la sentencia, como tener antecedentes izquierdistas, dedicarse a actividades literarias y ser miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en ningún caso justifican la pena”, aseguraron.

Por ello, IU-CM propondrá en la moción apoyar la iniciativa de la familia de Miguel Hernández y de todos los grupos sociales y cívicos que se han sumado a la petición de la Declaración de Reparación y Reconocimiento del Poeta, así como apoyar a la Fundación Pública Miguel Hernández para entablar un recurso de revisión de sentencias penales firmes.

Finalmente, IU-CM instó al Gobierno central a que “cumpla lo acordado en la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados para que se declare 2010 como el año de Miguel Hernández, se impulse el mayor número de actividades para conmemorar el centenario de su nacimiento y participe en la difusión de la vida y obra del poeta”.

Fuente: Europa press.

Campo de los Almendros

Video documental sobre el homenaje celebrado a los ultimos combatientes de la Guerra Civil Española que fueron prisioneros en el Campo de los Almendros (Alicante), organizado por la Comsion Civica para la Recuperacion de la Memoria Historica de Alicante.