Los hermanos Carmen y José Castilla fueron los primeros ciudadanos, una vez aprobada la Ley de Memoria Histórica, en pedir una declaración de reparación y reconocimiento personal de la memoria de su padre, Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada, fusilado en esa ciudad el 2 de agosto de 1936 por las tropas franquistas. Hace un año, el ministro de Justicia les notificó en una carta tal reconocimiento.

Pioneros en esa solicitud, ahora Carmen y José, con 75 y 81 años respectivamente, también lo son en pedir al Estado una reclamación patrimonial valorada en 262.832 euros, cantidad equiparable a la sanción que les impuso la dictadura a los herederos del represaliado (250.000 pesetas). Lo asegura el abogado de los solicitantes, que no tiene constancia de que hasta el momento se haya registrado una reclamación de este tipo.

Ni Carmen ni José solicitan una indemnización por la muerte de su padre ante las tapias del cementerio de San José de Granada por ser militante del Partido Socialista. Lo que quieren es una restitución de lo que les fue indebidamente incautado y que comportó el pago de esa cantidad hasta cuatro años después del fusilamiento de Virgilio, tiempo durante el que los bienes de la familia estuvieron embargados.

Un año después de que se les notificara la reparación personal, en la que el Ministerio de Justicia reconoce tanto la ilegitimidad del tribunal de responsabilidades políticas que juzgó a Virgilio como de la condena a muerte que se le impuso, Carmen y José tienen ya en el Ministerio de la Presidencia la primera reclamación patrimonial de las víctimas del franquismo. Como ellos, muchos otros descendientes de esas víctimas podrían plantearse ahora esa misma reparación por las sanciones sufridas, que supusieron la ruina en plena posguerra para las familias de los fusilados.

A Virgilio Castilla se le homenajeó testimonialmente en 1984 como víctima de la dictadura. Que sus hijos hayan logrado su reparación y reconocimiento oficial 25 años después, da idea de lo que está costando en este país levantar la memoria de los vencidos. Carmen y José reclaman también ahora el patrimonio que les robaron los vencedores.

Fuente: Voz de Memoria.

La familia del presidente de la Diputación de Granada en 1936 fue multada con 250.000 pesetas

La Junta de Andalucía ha recibido seis nuevas peticiones de granadinos que creen que tienen a su padre o abuelo enterrado en Alfacar, en la fosa donde puede estar Lorca. Estos hombres, sin relación entre sí, fueron fusilados en días próximos al poeta. “Aquí hay muchos, muchos más que Federico García Lorca. Esto fue una carnicería”. Lo decía, sombrío y enrabietado, Juan Gimeno, vecino de Alfacar (Granada), 76 años, a la puerta del parque que lleva el nombre del dramaturgo, donde se supone que yacen sus restos. Fue el pasado 28 de octubre, cuando los antropólogos de la Universidad de Granada comenzaron los trabajos para abrir las cuatro primeras fosas comunes localizadas por un georradar. En ellas se espera encontrar a cuatro hombres asesinados el 19 de agosto de 1936 junto al poeta: los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, el inspector de tributos Fermín Roldán y el restaurador Miguel Cobo. A ellos los reclaman sus familias, no así a sus otros dos vecinos de fosa: el propio Lorca y el profesor Dióscoro Galindo. Ahora, tras 19 días de trabajo, se sabe que los especialistas pueden buscar a más muertos, hasta a seis personas más. El doble de los cálculos iniciales con los que arrancó el proceso de exhumación. Según ha podido saber El Correo, la Consejería de Justicia y Administración Pública estudia ya las peticiones de seis familias de Granada para que se rescate a sus familiares de ese enterramiento masivo.
En todos los casos las víctimas son hombres y, según los documentos orales y escritos que están aportando sus allegados, fueron pasados por las armas “pocos días antes o pocos días después” de que lo hicieran los seis anteriores. “Es posible que haya más personas en las mismas zanjas, porque la loma de Alfacar estaba muy cerca del frente y los nacionales dejaban a los muertos allí tirados, porque era peligroso pararse a enterrarlos. Luego iban un día y metían a varios en una misma fosa”, relata un especialista. Lo cierto es que la Asociación Granadina de Memoria Histórica tiene documentadas al menos 1.500 muertes en un kilómetro cuadrado a la redonda de este punto.

Fuente: Odiel Información.

El Foro por la Memoria pide la intervención de los jueces

VALME CORTÉS - Granada -

La familia de Federico García Lorca afronta con cautela y determinación todo el proceso de las excavaciones previstas por la Junta de Andalucía en la fosa de Alfacar (Granada), en la que supuestamente están los restos del poeta junto a los del maestro Dióscoro Galindo, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, y el inspector de tributos Fermín Roldán, fusilados por los franquistas durante la Guerra Civil.

Aunque su deseo, manifestado reiteradamente, es que no se “remuevan” los restos que pudieran encontrarse bajo tierra, la sobrina del poeta Laura García-Lorca precisó ayer que “llegado el momento, facilitaríamos ADN si existiera la posibilidad de identificar [a su tío]“. Los familiares del poeta se reservan así el derecho a disponer de sus restos y a ejercer cuantas acciones y derechos pudieran corresponderle, tal y como consta en las alegaciones presentadas durante el plazo ampliado por la Consejería de Justicia andaluza.

La familia de García Lorca, -que ha pedido que se otorgue a la zona carácter de cementerio para asegurar su protección- no son los únicos que rechazan el proceso iniciado por la Junta de Andalucía. El Foro por la Memoria de Andalucía considera que deben ser los jueces de instrucción los que acuerden las “medidas oportunas” sobre la exhumación de la fosa. Así consta en las alegaciones presentadas a la Consejería de Justicia andaluza, informa Efe.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria de Andalucía creen que una apertura “no judicializada” del enterramiento dejaría en el olvido el resto de fosas comunes del entorno.

Esta organización sostiene que la apertura de una fosa sin que se realice bajo autorización judicial supone “destrucción de pruebas, ya que estas dejan de ser válidas al romperse la cadena de custodia y ello implica, en último término, certificar la impunidad de los crímenes cometidos por los franquistas”.

Fuente: El País