Cuando volví del exilio me sorprendió encontrar la enorme complacencia existente en los mayores forums políticos del establishment español y en la mayoría de sus medios de mayor difusión, que reproducían la imagen tan extendida de que la transición de la dictadura a la democracia en España había sido modélica. Esta percepción estaba ampliamente extendida, no sólo entre las fuerzas conservadoras, sino también en amplios sectores de las izquierdas.
Mi lectura de la situación política, económica y social de nuestro país me llevaba, en cambio, a una conclusión totalmente diferente, opuesta a la definida como modélica. Escribí entonces mi libro Bienestar Insuficiente. Democracia Incompleta .De lo que no se habla en nuestro país., en el que documentaba los enormes déficits sociales de España, resultado de tener una democracia enormemente incompleta, consecuencia de una transición inmodélica. Tal transición se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas ultra conservadoras, herederas del régimen dictatorial anterior, que controlaban los aparatos del Estado, así como los poderes financieros (la banca), empresariales (la gran patronal), ideológicos (la Iglesia) y represivos (el Ejército, la Policía y la Judicatura), situación que, treinta y tres años después de terminar la transición, continúa.
Ello explica la baja calidad democrática de las instituciones llamadas representativas, diseñadas a fin de minimizar el riesgo de que una movilización popular, a través de las urnas, pudiera amenazar sus intereses. España es uno de los países de la UE donde está más limitado el derecho de representación y participación. El eslogan del movimiento 15-M “no nos representan”, denunciando al establishment político, refleja bien la situación actual, donde las instituciones autodefinidas como representativas distan mucho de representar los intereses de las clases populares, que son la mayoría de la ciudadanía. El mejor indicador de ello es la enorme distancia que existe entre los gobernantes y los gobernados, habiéndose impuesto en los últimos tres años de crisis toda una serie de políticas públicas que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes, y que no gozan de apoyo popular. No ha sido la crisis sino la respuesta a ella lo que ha mostrado con toda claridad la baja calidad de las supuestas instituciones representativas. Los innecesarios y contraproducentes recortes de gasto público, incluyendo el social, han deteriorado todavía más el subdesarrollado Estado del Bienestar español. No es sorprendente, pues, que la crítica al establishment político, que está realizando el movimiento de los indignados, cuente con amplio apoyo y simpatía entre la mayoría de la ciudadanía española.
En mi libro Bienestar Insuficiente. Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, documentaba que el dominio de las fuerzas herederas de la dictadura en el proceso de transición había causado el gran subdesarrollo social de España. El libro despertó gran hostilidad por parte del establishment político, incluidos algunos círculos de izquierda, y muy en especial, entre figuras que habían sido protagonistas de aquella transición (a los cuales continúo teniendo gran estima), compañeros de la lucha contra la dictadura en los años cincuenta, sesenta y setenta, que se sintieron molestos con mi definición de su transición como “inmodélica”. Pero me parece que, por desgracia, los hechos que han estado ocurriendo muestran que mi definición de aquella transición era, y continúa siendo, acertada.
¿Cómo puede ser que más de 120.000 de nuestros muertos, los muertos que fueron asesinados, debido a su compromiso con la democracia, por el partido fascista -la Falange- y las Fuerzas Armadas golpistas, con el apoyo de la Iglesia Católica, continúen, además de asesinados, desaparecidos, sin que el Estado, supuestamente democrático, les hayan encontrado, enterrado y homenajeado, y sin enjuiciar a la vez a sus asesinos y a las autoridades que les protegieron, de los cuales hay muchas que continúan con vida (y la lista es larga), encontrándose en los niveles altos del Estado, de la Iglesia, de las finanzas y de las grandes empresas? Y, ¿cómo puede ser que nada menos que el Tribunal Supremo, respondiendo a la petición de la Falange y asociaciones próximas a la Falange, comience esta farsa que estamos viendo, en una campaña de linchamiento contra el único juez que intentó corregir esta enorme injusticia?
Todos los indicadores parecen mostrar que los miembros del Tribunal Supremo o no son conscientes del enorme desprestigio que están causando o que no les importa tal desprestigio, pues lo único que desean es impedir que el orden (en realidad desorden) imperante en España se altere. Es importante observar que el mismo día que se condenaba al juez Garzón la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abría una investigación al juez José Castro que había osado abrir una investigación del comportamiento poco ejemplar (para ser amable) del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.
Ante estos hechos, ¿cómo se puede concluir que la transición fue modélica? Lo único que nos queda a los ciudadanos de a píe es la protesta, la agitación y la movilización social. De ahí el enorme valor del movimiento 15-M, que debería contar no sólo con la simpatía, sino con el apoyo activo de la población, que estando indignada no sabe qué hacer. Hoy, en España, el que no está indignado es o bien porque es parte del establishment y por lo tanto, parte del problema, o es que es una persona incapaz de reaccionar emotivamente al mundo que le rodea. En España, se tiene que redefinir todo lo redefinible, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de cambiar toda esta casta judicial de ultra derechas heredadas del régimen anterior, que continúan dominando nuestro sistema jurídico, uno de los sectores, junto con las fuerzas armadas, que han cambiado menos desde la transición. Hay que hacer que los jueces estén al servicio de la población, siendo ésta la que les elija directamente, como ocurre en otros países democráticos, rompiendo con un conservadurismo corporativista claramente antidemocrático. Debieran ser, como los define la narrativa anglosajona, “civil servants”, es decir, servidores de la ciudadanía y no, como son ahora, sirvientes del poder.
Para la salud democrática del país es importante que los jóvenes se rebelen y que sean irreverentes con el poder, mostrando la enorme falsedad que le sostiene. Nuestros padres lucharon en condiciones durísimas en contra del golpe militar fascista. Nuestras generaciones continuamos esa lucha para terminar con la dictadura y las nuevas generaciones debieran luchar para exigir el pleno desarrollo democrático que la ciudadanía se merece y todavía no ha conseguido.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra
El Foro por la Memoria de Segovia ha manifestado su satisfacción por la aprobación en el pasado Pleno de la moción de IU para la retirada de calles con nombres vinculados al Franquismo y ha considerado, tras el debate generado en torno a la cuestión, que la "irritación" ante la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en algunos sectores de la sociedad "pone en duda su sinceridad en la defensa de los valores democráticos".
