La ley de Memoria Histórica comienza a dar sus frutos para los hijos y nietos de los represaliados durante la Guerra Civil española y la dictadura. Entre 2008 y 2011 , más de medio millón de personas (503.439) solicitaron la nacionalidad española acogiéndose a la disposición adicional séptima de la ley de Memoria Histórica de 2007 por la que se  establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

La Ley de Memoria Histórica estableció como beneficiarias a las personas cuyo padre o madre hubiese sido español y a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad o tuvieron que renunciar a ella debido al exilio entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

Concretamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación señaló que se han presentado 503.439 solicitudes de opción a la nacionalidad española. De ellas, se han aprobado 241.763 (el 48,02%), aunque, puntualiza, "hay un número importante de solicitudes que se encuentran en fase de estudio o pendientes de presentación de documentación" que no siempre es fácil de conseguir.

Para las solicitudes validadas, se han expedido hasta ahora 164.509 pasaportes, número que el Ministerio explica por que "no todas las personas que han optado a la nacionalidad española han necesitado viajar".

Por zonas geográficas, la inmensa mayoría de las solicitudes, 477.462 (el 94,84%), se presentaron en Iberoamérica . Por lo que respecta al supuesto previsto al que se acogieron, también una inmensa mayoría, 464.858 (el 92.34%), correspondieron a los hijos de padre o madre originariamente español.

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El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se apretaron las manos el 16 de junio de 2008 con la satisfacción de enterrar para siempre de la memoria colectiva del barrio de Carabanchel la historia de su emblemática cárcel. A cambio del olvido ofrecieron a los vecinos todo tipo de contrapartidas: un hospital, guarderías, bibliotecas, centros de mayores, viviendas protegidas, zonas verdes y oficinas que revitalicen el mercado laboral del barrio. Para culminar el intercambio, el exministro envió las excavadoras para derribar por completo la prisión a los cuatro meses de la firma. Tres años y medio después de la escenificación del acuerdo entre exalcalde y exministro (la firma se produjo un año después con la cárcel ya derribada), nada de lo prometido a los vecinos tiene apariencia de cumplirse a corto plazo.

La cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 para albergar a presos políticos. Esa fue su lúgubre función hasta la amnistía de 1977 y después alargó su vida como prisión de reos comunes hasta 1999. Los muros de esa araña de ladrillo marcaron a fuego la fisionomía del barrio. De sus celdas salieron una madrugada de septiembre de 1975 los últimos fusilados por el Gobierno franquista por poner un ejemplo de su simbolismo. Las viviendas de la colindante avenida de los Poblados y del vecino parque Eugenia de Montijo albergaron a numerosas familias de reclusos que con la cárcel cerrada exigieron un nuevo barrio para una nueva vida.

Papel mojado

"Parece que nadie tiene prisa. El convenio que firmaron se quedó en papel mojado, sin ningún desarrollo", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. El Ayuntamiento culpa al Ministerio de la parálisis de la remodelación prometida para el solar de 172.164 metros. De hecho, en una carta enviada el pasado 22 de marzo a la Asociación de Vecinos de Aluche por parte de la concejal del distrito, Begoña Larrainzar, el Consistorio acusa a Instituciones Penitenciarias (propietaria del suelo) de negar la cesión de la parcela correspondiente al futuro hospital. "Al no incluirse [en el proyecto de reparcelación] el borrador de convenio para la cesión anticipada del suelo donde estaba prevista la construcción del futuro hospital, el Ayuntamiento entiende" que se "rechaza la propuesta", dice la misiva.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) confirma que las obras están paradas sin plazo determinado para su inicio por encontrarse el terreno actualmente "en proceso de reparcelación". Los vecinos, que llevan reclamando un hospital para el barrio desde hace 20 años, creen que detrás del olvido de los proyectos se encuentra la crisis. "Nunca han reconocido que haya habido un retraso en los trámites aunque es obvio que para construir las viviendas influye la crisis del ladrillo", añade Casas.

El cambio de Gobierno, que ha teñido del mismo color político a todas las administraciones implicadas, puede agilizar el inicio de la construcción de los nuevos equipamientos sociales. El reparto de culpas desatado en los últimos años tiene su culminación en 2009. Después de modificar el Plan Parcial para recalificar los espacios de la antigua cárcel, el Ayuntamiento se decide a reclamar la titularidad del suelo del hospital para que la Comunidad de Madrid lo construya. Según el Área de Urbanismo del ahora Gobierno de Ana Botella, Instituciones Penitenciarias se excusa en que los terrenos pertenecen a "Patrimonio del Estado" y que no pueden ceder la parcela.

Hacinamiento del CIE

Después de décadas de lucha, la única transformación apreciable del complejo penitenciario ha sido la construcción junto a una comisaría de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La asociación de expresos del franquismo La Comuna, que reclama la creación de un centro cultural en Carabanchel que recuerde las torturas de la prisión, ha hecho suya la pelea por las condiciones de los extranjeros. "La resistencia por la dignidad del ser humano nos ha llevado a reclamar que los CIE no tienen razón de ser. Como dejó claro en diciembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el hacinamiento, el régimen carcelario, la falta de instalaciones… son denuncias que nosotros hemos incorporado a la asociación. Los derechos del preso son los derechos de un ser humano", denuncia Acacio Puig, expreso de Carabanchel en 1973 como militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

El acuerdo entre Gallardón y Rubalcaba incluye la creación de un monumento "en recuerdo y homenaje a todas las personas encarceladas por defender los derechos y libertades que hoy garantiza la Constitución". Quizá para respetar este compromiso las excavadoras dejaron en pie una de las puertas de entrada a la prisión cuando se decidió derribar la cúpula, donde los vecinos querían crear un museo. "Lo único que queda en pie es el antiguo hospital penitenciario", advierten los vecinos.

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