Las trabas del PP no impedirán que Tomás Maicas salga de la fosa que le obligaron a cavar Tomás Maicas y su esposa, Irene Marcos. “Es el único caso que conozco al menos en la Comunidad Valenciana de un alcalde que cobre las tasas de exhumación a las familias de los fusilados”. Matías Alonso del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana no se lo acaba de creer. Rafael Calvo, alcalde de la localidad castellonense de Segorbe ha cobrado las tasas de exhumación a familiares de los ediles exhumados en julio en una fosa del pueblo.

“A la familia de Tomás Maicas, cuyos restos enterraremos este sábado,  le ha sentado mal, pero lo han pagado. Casi 43 euros. No es una gran cantidad pero humanamente es definitorio”- explica Matías Alonso- “Este alcalde puso muchas pegas mientras realizábamos toda la tramitación, pero claro, la ley es la ley y al final tuvo que aceptarlo. Pero ahí ves como en el Partido Popular hay gente que evidencia esta actitud de insumisión a la Ley de Memoria Histórica”.

Entierro y homenaje a Garzón
Pese a los problemas puestos por el regidor popular, Tomás Maicas recibirá este sábado el homenaje que merece su historia: será enterrado entre honores y con un recuerdo a Baltasar Garzón, el juez que tuvo un papel decisivo en la recuperación de su memoria. Mientras, a muchos kilómetros de Segorbe, ni más ni menos que en París, también se recordará al magistrado ya expulsado de la carrera judicial con una manifestación solidaria.

Lejos de su casa
Tomás Maicas tenía 40 años, era de Teruel  trabajaba como cantero, estaba casado y con tres hijos de ocho, seis y cuatro años. Pertenecía a  izquierda republicana y era alcalde de Teresa, una localidad pequeñita de Castellón de la Plana. Le fusilaron el 2 de noviembre de 1939 lejos de su casa. Pero este sábado sus restos serán enterrados cómo se merecen en el cementerio de su pueblo.

Consejo de guerra
“En casa, al abuelo lo teníamos mitificado por buena gente que era” – ha relatado a ELPLURAL .COM  el nieto de Tomás Maica, que lleva su nombre. “Se lo llevaron en agosto a Segorbe, unos dicen en el pueblo que fueron los falangistas, otros que la Guardia Civil. Le hicieron un consejo de guerra. No tengo documentación de las acusaciones”.

El nieto de Tomás Maicas (1i) y los familiares de los otros fusilados en Segorbe reciben los restos de sus familiares

Carta de clemencia
Lo que sí tiene Tomás Maicas nieto es una carta: “Es una carta de clemencia  firmada por todas las fuerzas vivas del pueblo: el alcalde, el médico, el maestro, el cura… En ella se dice textualmente  que a pesar de haber observado en él actividades sindicales y haber apoyado a la rebelión (evidentemente no a los franquistas, sino a los republicanos), tenía actividades sindicales. Dicen que evito asesinatos y desmanes e  hizo favores a gente de derechas también”.

Sin delitos de sangre
Desde la detención hasta la ejecución transcurrieron cerca de cuatro meses. Su mujer  Irene Marco los pasó yendo y viniendo, rogando y suplicando perdón.  No sirvió de nada. Tomás Maicas había cometido el pecado de confiar;  se había creído a pies juntillas la promesa de los franquistas de que quien no tuviera las manos manchadas de sangre no debía temer. Por eso se quedó en el pueblo.

Cavaron su propia fosa
Les mataron en la cercana localidad de Segorbe. A él, al alcalde de Gátova, Cipriano Esteve y a otros dos concejales de la misma localidad Vicente Martínez y Bernardino Martínez. Antes  fueron obligados a cavar la fosa. Una fosa en la que cayeron uno sobre otro tras los disparos. Así los encontraron en julio, cuando al fin tras dos años de papeleo, tras las averiguaciones pertinentes, los certificados, los permisos administrativos… los familiares consiguieron recuperar los restos.

Exhumación
Se consiguió porque la familia de Cipriano Estévez sabía donde estaba la fosa que al principio se encontraba extramuros del camposanto y luego, con la ampliación del cementerio, quedó dentro. Los familiares acudían con regularidad para cuidarla. Un día, el alcalde socialista de Gátova  pidió ayuda al Grupo para la Recuperación de la Memoria  Histórica de la Comunidad Valenciana  presidido por Matías Alonso. Tras muchos sinsabores consiguieron rescatar los cuerpos y con la ayuda del equipo de especialistas forenses, antropólogos y paleontólogos Paleolab, los identificaron y entregaron a sus descendientes.

“Garzón estará en nuestros pensamientos”
Este sábado, su nieto podrá enterrar por fin a Tomás Maicas junto a su esposa Irene. El representante de Memoria Histórica, Matías Alonso, recuerda, que este acto que reunirá a alcaldes, a familiares y a muchas personas que quieren honrar  al regidor fusilado, coincide con la inhabilitación de Baltasar Garzón. “Dos días después de su expulsión, Baltasar Garzón estará presente en el pensamiento de los reunidos”  afirma en un comunicado que publica ELPLURAL.COM. Resalta también que ese mismo día en París se celebrará una manifestación en favor del ex juez.

“Que la justicia recupere la cordura”
En el acto, un biznieto leerá la petición de clemencia con que los vecinos de Teresa intentaron evitar la ejecución de Tomás Maicas. “Para que se sepa quien era –dice su nieto- Para que no haya dudas. Nosotros lo que queremos es darle sepultura y ayudar a que el juez Garzón lleve el nombre bien alto y ya está. Ojalá la justicia recupere la cordura, premie a los buenos y castigue a los malos. Porque cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

El Plural

18 de julio una Memoria Histórica que no llega.

Es realmente preocupante en un Estado Democrático como el nuestro que no se condene un régimen dictatorial, golpista como el nacido a partir de la sublevación de unos militares fascistas el 18 de julio de 1936, que no se hayan condenado sus crímenes contra la humanidad y que no se haya reparado la Memoria Histórica de aquellos cuyo único delito fue defender el orden democrático legítimamente constituido por vía electoral. ¿Cuantas oportunidades se han perdido de reparar tanto daño? ¿Cuantas más tendrán que pasar? Tenía preparado en mente la realización de este post hace tiempo, pero preferí dar preferencia a mi apoyo, por pequeño que sea, al blog de los amigos de la Plataforma de Defensa del Hospital Clínico San Carlos, tumbado por ser la única Insula de Barataria que sigue intentando hacer ver la verdadera realidad de un Hospital baluarte del modelo de gestión de la Sanidad Pública, por parte del Partido Popular.

Había leido el día del triste 75 aniversario del alzamiento golpista de un grupo de militares deshonestos y traidores con su juramento de defensa de las Leyes democráticas, que deshonraron la función que la Constitución les atribuye.y sigue mi perplejidad. Veamos lo que ha sucedido este último 18 de julio 75 años después de la mayor infamia de nuestra historia contemporánea.

Hay individuos que no se entiende todavía como se permite que estén desarrollando responsabilidades en un Estado democrático, cuando en un tono que en otros casos sería decir (con razón también) que es hacer apología del terrorismo -aunque éste sea de Estado-, decir que la Memoria Histórica es una invención. Los miles de asesinados por unos golpistas, la dictadura de 40 años y su terrorismo de Estado son una invención. ¿Dónde está el Fiscal del Estado para ver si estas declaraciones presumiblemente pudieran incurrir en apología y enaltecimiento del terrorismo y de los crímenes contra la humanidad?

Esto es lo que plantea el Diario Digital Noticias de Navarra, que ve lamentable que todavía hoy siga pendiente la recuperación de esa Memoria Histórica que para el señor León de la Riva es una invención. La legislación internacional, que curiosamente ha suscrito nuestro país, en materia de crímenes contra la humanidad sigue nuestro Estado sin hacer una condena histórica de un delito que nunca prescribe. Esto es lo que dice este diario, por más que algunos -como veremos- se empeñen en que como los criminales ya están muertos ya no hay nada que hacer. En este mismo sentido se expresa Prensa Latina.

Para el Diario Progresista Público, en la Memoria Histórica todavia hay una larga sombra que se proyecta hasta el presente. Una larga sombra de un grupo de militares rebeldes, con el general Franco a la cabeza,  que instauraron un régimen de corte fascista, por más que a algunos les parezca esto una invención o que al estar sus protagonistas muertos que ya no hay nada que reparar. El asesinato evidentemente no pero el nombre, dignidad y el honor de tanto asesinado, tanto represaliado está todavía por restañar en la misma medida que cualquier víctima de terrorismo, aunque éste sea de Estado.

De este artículo extraigo textualmente el último párrafo, porque expresa al 100% mi pensamiento y mi forma de ver aquel suceso, perfectamente desarrollado en todo el texto:

Según expertos en la materia, España es en la actualidad el país con más desaparecidos del mundo después de la Camboya de Pol Pot. Miles de víctimas permanecen en fosas comunes y cunetas sin que el Estado asuma su responsabilidad de proporcionarles una sepultura digna. Por si fuese poco, el único proceso judicial en curso por los crímenes del franquismo sentará en el banquillo al juez que intentó investigarlos. ¿Cuándo cesará el oprobio?

En la línea de este último pensamiento del Diario Público se manifiesta la Asociación de la Memoria Histórica en El Economista que lamenta que se siga mirando para otro lado en esta cuestión. He encontrado en mi búsqueda argumental una notable información de Lidia Sierra en Gente Digital, con la curiosa foto que os pongo en el margen izquierdo. Como siempre una imagen vale más que mil palabras sobre cuándo merece la pena luchar y ver qué personas son las que luchan por sus ideales.

Era el incipiente sistema democrático, de reformas (estas en el sentido no pervertido) sociales de progreso, de esperanza e ilusión que un grupo de militares subversivos y facinerosos se encargaron de truncar.

Que se habían propuesto truncarlo desde el primer día en que se proclamó la República. por tanto además de sublevados y sediciosos, traidores, acreedores del delito de Alta traición, de Lessa Patria que tampoco prescribe. ¿Como que no hay nada que juzgar?

La fijación de la derecha con el Presidente del Gobierno actual, además de patológica, resulta repugnante en este asunto, por cuanto éste siempre ha llevado a orgullo que un familiar suyo fuera un militar leal al juramento democrático al que se debe cualquier ciudadano uniformado.

Resulta lamentable que sean grupos minoritarios -no por ello más cargados de razón- sean los únicos que presentan mociones para que el Gobierno condene el Golpe Militar. ¿A qué está esperando este gobierno socialista para condenar un golpe que acabo con la vida de miles y miles de sus compañeros?.

En Valencia el Partido Popular se niega a que Franco deje de ser Alcalde Honorario, como en Castellón porque como está muerto ya no tiene sentido retirar esos nombramientos. El Estado no sanciona el incumplimiento del artículo 15 de Ley de Memoria Histórica, como tampoco lo hace aquí en Madrid, manteniendo nombres de calles y de instituciones de criminales de guerra.

Incluyo el párrafo que voluntaria o involuntariamente ha amputado el diario ABC de la Agencia EFE, recogida en su totalidad por el Diario Digital ADN:

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundación Societat i Progrés ha reclamado que ciudades como Valencia dejen de tener a "Franco todavía como alcalde (honorario) de la tercera ciudad de España" en un día en el que se cumplen 75 años del inicio de la guerra civil española.

Me voy a permitir en este extenso comentario incluir un artículo completo de Esther López Barceló en La Información de Alicante.

Violencia Institucional, por Esther López Barceló

Con motivo del desafortunado 75 aniversario del golpe militar contra la República hoy más que nunca hemos de condenar los gestos que suponen una clara apología del franquismo

ESTHER LÓPEZ BARCELÓ, DIPUTADA DE ESQUERRA UNIDA EN LES CORTS VALENCIANES Con motivo del desafortunado 75 aniversario del golpe militar contra la República, el 18 de julio de 1936, hoy más que nunca hemos de condenar enérgicamente todos aquellos gestos y/u omisiones institucionales que suponen una clara apología del franquismo y, por tanto, un atentado contra la democracia.

Los gestos simbólicos de añoranza y ensalzamiento del régimen dictatorial franquista se manifiestan diariamente en las políticas directas del PP. Ejemplo de ello es la eliminación por parte de la alcaldesa de Elche del nombre del parque dedicado a Dolores Ibárruri, "La Pasionaria", estandarte de la defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo. La señora Mercedes Alonso, además, ha rebautizado una avenida de la ciudad con el nombre del último alcalde franquista ilicitano. Esta acción entendemos que debería ser constitutiva de delito, ya que contraviene la Ley de Memoria Histórica, la cual explicita en su articulado la obligación de eliminar símbolos y nombres de calles que ensalcen la Dictadura.

La democracia mantiene desde la época de la Transición una deuda pendiente en materia de reparación y dignificación de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2009 ni siquiera contempla la condena jurídica de la Dictadura, ni reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo. Este articulado lo que hace conscientemente es un juego semántico, porque declara la sentencias realizadas durante la legalidad franquista como "injustas", las considera "ilegítimas" por vicios de fondo y forma, y de esta forma no declara su "ilegalidad". Así pues, lo único que la ley reconoce es la condena moral de dichas sentencias. Por tanto, mientras no exista una condena jurídica de los tribunales y sentencias represivas franquistas, los tribunales continuarán siendo legales -aunque se consideren "ilegítimos"- y sus sentencias seguirán teniendo plena legalidad.

En esta lucha por la recuperación de nuestra historia democrática, Esquerra Unida ha presentado ya en Les Corts dos proposiciones no de ley dirigidas hacia la urgentísima tarea de recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico de este periodo, para que sus huellas materiales no se pierdan y, a través de ellas, podamos educar en valores de libertad y democracia.

Hemos exigido la catalogación y conservación de los casi 800 refugios antiaéreos que se conservan en el País Valenciano, los cuales fueron testigo de los dantescos bombardeos de las aviaciones fascistas y franquistas, los cuales asolaron las ciudades valencianas.
Y, además, seguimos reclamando que le sea otorgada la declaración de Bien de Interés Cultural a la conocida "Posición Yuste" en Petrer, la finca en la que se refugió el último gobierno de la II República. El objetivo es que la ciudadanía pueda visitarlo y forme parte de nuestra memoria colectiva.

Negar estas exigencias supone, como dice el profesor Vicenç Navarro, el ejercicio de la "violencia institucional. Porque es violencia negar a los vencidos que su historia sea la historia de la democracia española".

Y finalizo mi extenso comentario de lo sucedido el día 18 de julio de 2011 con tres reseñas de artículos:

  1. Críticas al Congreso por no condenar la sublevación del 18 julio

  2. La Asociación para la Recuperación de la Memoria denuncia que el Congreso no vaya a condenar la dictadura el 18 julio

  3. El Estado sigue sin condenar el franquismo

Pero la Memoria Histórica, a pesar de todos los intentos no se borra y menos es una invención.

Aparecen en Valencia los restos de 17 represaliados del franquismo

Los forenses presentarán un informe “demoledor” que demostrará el “sadismo” de los asesinatos

Dos de los 17 cuerpos recuperados de la fosa común./PÚBLICO JUAN  NAVARRO

Dos de los 17 cuerpos recuperados de la fosa común./PÚBLICO JUAN NAVARRO

El equipo de arqueología y bioantropología Grupo Paleolab ha concluido el estudio de los restos de 17 represaliados del franquismo encontrados en fosas “ilegales” de las localidades de Albalat y Benagéber. Con estos trabajos, las primeras familias valencianas tienen por fin constancia de donde están sus difuntos desaparecidos de forma “forzosa” y, “por primera vez, pueden cerrar la herida”.

Tras una larga labor de búsqueda impulsada por la asociación La Gavilla Verde y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, junto al Grupo Paleolab, los resultados de los análisis de laboratorio se expondrán en un “demoledor” informe científico que se dará a conocer el lunes 8, “en términos estrictamente forenses y judiciales” que sacará a la luz “sadismo” con el que estas víctimas fueron asesinadas, como “prueba de un delito” ante un juez, que no podrá “inhibirse”.

Así lo anunció este jueves el coordinador de Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundació Societat y Progrés, Matías Alonso, en una rueda de prensa junto al presidente de la asociación de familiares de Benagéber, Miguel Garrido, hijo de uno de los represaliados localizados en este estudio.

Puede haber más fosas de las 83 “oficiales”

Un trabajo que no ha hecho más que empezar, y que con la subvención de carácter anual de 56.400 euros que el Ministerio de la Presidencia acaba de conceder al Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, éste pretende realizar, por primera vez, un listado de fosas de la Comunitat Valenciana. Una “ardua labor” en una región “salpicada por entierros ilegales” que empezará este año por Valencia, donde existen “oficialmente” 83 fosas, y quiere extender más tarde a Castellón y Alicante.

“Bastantes más”

Además de las fosas conocidas, puede haber “bastantes más” ha augurado Alonso, pues cuando en los primeros años de posguerra se contabilizaron 35 campos de concentración y 113 lugares utilizados como centros de detención en la Comunitat, con lo que la cifra real estaría entre las 100 y 150 fosas, que ahora se quieren localizar, así como “devolver el nombre” a quienes yacen en ellas.

“Los mismos huesos son los que están hablando” y gracias a los restos de las 17 primeras víctimas identificadas, se descubrirá en un informe “la verdad” de lo que pasó con aquellas personas “desaparecidas forzosamente” y “asesinadas impunemente” en los años posteriores a la Guerra civil, “al abrigo de los bosques”.

“Los mismos huesos son los que están hablando”

Así mismo, el informe dejará clara la “colaboración de autoridades de la época, alcaldes y párrocos, que permitían entierros ilegales en su demarcación”, ha avanzado Alonso, quien ha hecho un llamamiento para que las autoridades actuales ayuden a “reparar el daño de sus predecesores”.

Autorización oficial

En este sentido, ha destacado que en Benagéber, “por primera vez” un alcalde ha autorizado las ocho exhumaciones realizadas, al tiempo que en Albalat, la diócesis la que ha dado su beneplácito, ha valorado. En esta última, se ha comprado un nicho donde figurarán los nombres de los represaliados. Se trata de dos hitos que “refuerzan” su labor para seguir con las restantes peticiones “en esta vía”, que según Alonso, es una “labor de servicio público esencial que deberían acometer los gobiernos autonómicos”, ha puntualizado.

Del mismo modo, ha criticado que “tradicionalmente, la judicatura ha sido un “problema” y no quiere ayudar en cuestiones de memoria histórica, como tampoco una parte de la derecha que “sigue hostil”.

Entre los familiares que podrán dar descanso a los restos de sus familiares, Miguel Garrido ha celebrado que por fin podrá enterrar a su padre, trabajador del pantano de Benegéber y republicano, pero nunca guerrillero, y llevar su cuerpo junto al de su madre en el pueblo de Landete, además de darle una misa.

“Sólo pedimos justicia”, ha manifestado Garrido, quien ha lamentado que personas como su padre, –según las conclusiones que revela el informe que se presentará este lunes en la Universitat de Valènca–, fueran asesinadas “con varios tiros en las piernas y los brazos para que murieran lentamente, algunos de ellos, con hasta 30 tiros en el cuerpo, ha precisado.

Fuente: Público.

El PSPV exige a Barberá la retirada de símbolos franquistas

Los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia reclaman el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Ministerio de Defensa ya tiene licencia para retirar elementos de la dictadura en los edificios de Capitanía General y Gobierno Militar

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia exigió hoy al equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Rita Barberá, la “retirada de los símbolos franquistas que perduran en la ciudad en cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica”.

Así, el concejal del PSPV Juan Soto anunció la presentación de una moción al respecto al próximo pleno municipal e informó de que la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo celebrada ayer otorgó licencia al Ministerio de Defensa para retirar los símbolos de la dictadura ubicados en los edificios de Capitanía General y del Gobierno Militar.

“Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura. Por ello, si no quiere hacerlo desde la convicción, que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley”, afirmó el representante socialista.

Soto recordó que, de hecho, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007, establece en su artículo 15.1 que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Por tanto, explicó, “no se trata de algo discutible que dependa de la voluntad de cada gobernante, sino que es un imperativo legal retirar los vestigios anacrónicos de exaltación de un régimen autoritario y dictatorial y sustituirlos por símbolos democráticos”.

Tanto es así –subrayó– que el Gobierno ya ha obtenido licencia para intervenir en el edificio de Capitanía General, donde ya ha retirado la estatua ecuestre y donde se retirará el escudo franquista y de sustituirá por uno constitucional, y Gobierno Militar, donde se eliminarán los elementos anticonstitucionales del escudo, como el águila de San Juan y el yugo y las flechas, y se añadirá la flor de Lys.

Además, el Gobierno retirará de la Capilla de San Vicente Ferrer, en el edificio de Capitanía, una lápida de mármol en la que se lee: “Esta capilla fue profanada y utilizada como polvorín por los marxistas (1936-1939) y restaurada por las fuerzas nacionales. A la liberación de Valencia, en desagravio al santo que habitó esta celda capilla y en memoria de nuestros caídos se dedica esta lápida. Valencia, 18 de julio 1943″.

“El Gobierno ya ha cumplido su parte. Ahora le toca a Barberá”, consideró Soto, para quien la retirada de símbolos “debería ser un proceso natural, pacífico y sin trauma, desde la aceptación de la simbología democrática”.

“Cada vez más gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular aplican de manera normalizada la ley tanto en la retirada de simbología como de honores a Franco. Barberá esta cada vez más sola dentro de su propio partido”, lamentó Soto.

El edil censuró que en la ciudad “perduran numerosos símbolos de la dictadura”, como los escudos ubicados sobre las puertas principales de los colegios públicos Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera, el monolito situado en el grupo de viviendas Antonio Rueda, la cruz en memoria de los caídos ubicada bajo el arco de la plaza del Mar, o los escudos ubicados sobre los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas.

El representante socialista consideró “especialmente grave” la presencia de los escudos en colegios, “pues los centros educativos son espacios en los que los niños y niñas crecen y se forman en libertad y en democracia y respeto a los derechos humanos, por lo que carece de sentido que convivan con símbolos que agreden la conciencia democrática y representan la censura, la falta de libertades, la persecución, la tortura y que tienen un encaje imposible en una ciudad democrática”, defendió.

“REDUCTO DE RESISTENCIA”

“El gobierno municipal de Barberá no puede continuar siendo un reducto de resistencia que se niega a condenar la dictadura franquista, a aplicar la ley y a normalizar la simbología democrática”, afirmó el edil, para quien “la simbología de un país democrático como España tiene que estar plenamente identificada con los valores de la libertad, los derechos humanos, el respeto y la dignidad”.

“Ya no puede alegar el valor patrimonial de los inmuebles en los que se ubican los escudos. El edificio de Capitanía General está declarado Bien de Interés Cultural y aún así el Gobierno ha demostrado que se puede retirar el escudo”, concluyó.

Fuente: La Información