Europa avanza hacia la transparencia en los ensayos clínicos

Se están tratando en Europa nuevos aspectos regulatorios de los ensayos clínicos con medicamentos. Se espera un nuevo reglamento europeo para el año 2014 y en España se está trabajando en el borrador de un nuevo Real decreto. Se ha lanzado una iniciativa para pedir a los eurodiputados que voten por la transparencia de los ensayos clínicos.

Un comité está valorando la regulación del ensayo clínico. Son  67 eurodiputados de 22 países europeos diferente, que votarán sobre las propuestas de transparencia de los ensayos clínicos. Sin embargo, hay 350 grupos de presión de la industria farmacéutica en el Parlamento Europeo. Los diputados están escuchando sus argumentos todos los días. Tenemos hasta el 29 de mayo para asegurarse de que escuchen nuestros argumentos.

• La confianza de los pacientes que se han ofrecido como voluntarios para los ensayos clínicos, es traicionada porque los resultados generados por su participación están ocultos
• La información incompleta significa que los médicos podrían tomar malas decisiones y perder oportunidades de una buena medicina
• Los investigadores no conocen los hallazgos de los ensayos anteriores, por lo que los ensayos se repiten innecesariamente

De Alltrials.net, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/members.html#menuzone

Mitos y realidades sobre la transparencia de los ensayos clínicos médicos

Desmontando los mitos que entorpecen la transparencia de los ensayos clínicos

Sobre la transparencia de los ensayos clínicos

Mito nº 1: Los datos de los ensayos clínicos deben ser confidenciales “por razones comerciales”

● La declaración de Helsinki requiere a los autores que publiquen los resultados de la investigación en personas. De hecho los datos de los ensayos clínicos son datos científicos y representan un bien público.

● Los resultados de los ensayos clínicos son propiedad en primer término y fundamentalmente de los voluntarios que se ponen en riesgo de sufrir reacciones adversas inesperadas con la esperanza de que su contribución beneficiará el avance de la ciencia y, en último término, a la sociedad en general.

● Al reclamar la propiedad de los resultados de los ensayos clínicos, las compañías farmacéuticas pelean por el derecho a mantener en secreto una información que podría salvar vidas y facilitar el avance de la investigación biomédica (por ejemplo, la publicación de ensayos previos podría evitar la repetición de de ensayos similares, reduciendo el gasto público y privado).

● El defensor del pueblo europeo ha dictaminado que los informes de los estudios clínicos no contienen información confidencial “por razones comerciales”.

Mito nº 2: La publicación de los datos de los ensayos clínicos pone en riesgo la confidencialidad de los pacientes

● Los investigadores de los ensayos clínicos son responsables de la protección de los datos con carácter personal. De acuerdo con las normas de buena práctica clínica, se emplean códigos para proteger la identidad de los pacientes.

● Un reciente estudio publicado en BMJ open demuestra que los informes de los ensayos clínicos contienen exclusivamente datos individuales anonimizados.

● En cuestiones éticas debe aplicarse la proporcionalidad.Incluso si algunos investigadores, tras indagar en los detalles de los datos clínicos, pudieran identificar en algún caso excepcional a un paciente (con enfermedades raras), ¿con qué propósito usaría esa información? Esta posibilidad remota tiene que contraponerse con la situación actual, en la que se están produciendo millones de reacciones adversas evitables debido a que la industria farmacéutica oculta los daños ocasionados por los medicamentos.

●¿Qué es lo que los voluntarios participantes en ensayos clínicos preferirían: que su contribución permitiese detectar de forma temprana un problema de seguridad para así evitar problemas en otras personas, o que sus datos se oculten para favorecer el interés económico de una compañía farmacéutica o la carrera de investigadores sin escrúpulos?

Mito nº 3: La publicación de los datos de los ensayos clínicos supone trabas adicionales a los investigadores universitarios o a los no vinculados a la industria

● La ciencia debe ser replicable y los investigadores ya están obligados éticamente a redactar un informe. En su deber de informar sobre los resultados de los ensayos a los participantes y al público, los requerimientos para la industria e investigadores universitarios deberían ser los mismos: sus responsabilidades son las mismas.

● Los investigadores universitarios no necesitan escribir un informe que se ajuste a los criterios de la ICH, sino uno que refleje lo que estaba planificado en el protocolo, lo que sucedió realmente y qué resultados se observaron en términos de beneficios y daños.

● Los datos pueden convertirse y exportarse en diferentes formatos para su análisis de modo que los datos clínicos pueden publicarse simplemente como datos brutos. Así se permite que los investigadores independientes puedan explorar los resultados y que los ciudadanos reciban la información correcta.

● La publicación completa de los datos no supone una carga adicional de trabajo para los investigadores universitarios o no vinculados a la industria. A la vista de los numerosos ejemplos bien documentados de sesgos y ocultamiento de datos en los informes de los ensayos, las principales revistas médicas han optado por colgar en su página web los archivos con los datos completos de los pacientes individuales de forma anonimizada.

Mito nº 4: La publicación de los datos se malinterpretará y asustará a la población

● La afirmación de que la publicación de los datos de los ensayos podría llevar a una mala interpretación de los mismos y a la diseminación de una información sesgada que alarmaría al público, refleja un paternalismo pasado de moda.

● Nuevamente, debe considerarse la proporcionalidad. Hay evidencias inapelables de que las compañías farmacéuticas ocultan sistemáticamente los daños inducidos por los medicamentos en detrimento de la salud pública, mientras que no hay ningún caso de mala interpretación o mal uso de los datos en los últimos dos años y medio en los que la Agencia Europea de Medicamentos ha facilitado datos a los investigadores bajo petición expresa.

● No hay evidencia de manipulación de datos compartidos o publicados en abierto.

" He sido neurocirujano durante 40 años en diversos hospitales públicos españoles, hasta hace dos años, cuando me jubilé. En 1982, creé el Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid, del que he sido jefe hasta hace dos años, además de haber desempeñado otros puestos de responsabilidad: director del Hospital del Niño Jesús en Madrid, director médico del Hospital 12 de Octubre, secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía, secretario de la Comisión Nacional de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad Complutense.

Durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o espina bífida abierta. Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero sobre todo a los propios niños.
 

Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de ellas, la espina bífida abierta (o mielomeningocele), consiste en la ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto. Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se desarrollará. En este proceso también participan las ausencias de cierre de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta patología puede sufrir toda su vida de los siguientes problemas.
 

» Parálisis de ambas piernas. En los casos más graves, que desgraciadamente podrían ser la mayoría si la ley se modificase, el grado de parálisis será completo.
» Atrofia en estos casos de los músculos de los dos miembros inferiores con grandes deformaciones en los pies, piernas y también en la espalda, con desviaciones muy graves de la columna vertebral.
» Incontinencia completa de orina y de heces.
» Impotencia sexual completa.
» Hidrocefalia: crecimiento exagerado de la cabeza en el 90% de los niños.
» Malformación de Chiari II: malformación en el cerebelo.
» Siringomielia frecuente: desarrollo de cavidades anormales en el resto del interior de la médula espinal, que pueden causar parálisis de ambos brazos.
» Deficiencia mental en el 55% de los niños aproximadamente. Eso si las medidas aplicadas han sido las correctas durante toda la vida.
El tratamiento de estas patologías es muy complejo, y se requieren unidades multidisciplinarias altamente especializadas. Precisarán numerosas operaciones realizadas por muy variados especialistas y en diferentes etapas de la vida: neurocirujanos, traumatólogos, urólogos, cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, etc. Además de necesitar rehabilitación permanente, vigilancia pediátrica y antibioterapia muy frecuente, añadiéndose además todo tipo de aparatos ortopédicos, sondajes vesicales permanentemente, sillas de ruedas y un largo etcétera.
Naturalmente, todas estas intervenciones quirúrgicas, la mayoría de ellas muy complicadas, conllevan un número no despreciable de complicaciones, lo que ensombrece todavía más los problemas.

Finalmente, resumiré el pronóstico vital y la calidad de vida de estos niños. Como resultado de tantas intervenciones, su estancia en los hospitales puede ser muy prolongada, incluso en algunos casos hasta años de hospitalización. Es por lo tanto imposible una escolarización correcta. Pero el colmo es que todos estos esfuerzos sanitarios, sociales, familiares y del propio niño terminarán antes de las dos primeras décadas, pues la mayoría de estos niños habrán fallecido, dado que esta malformación presenta numerosas complicaciones muy tardías y difíciles de solucionar.
Que las malformaciones congénitas del sistema nervioso son las más frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves es un hecho ya muy conocido. Por ejemplo, la anencefalia (falta completa de desarrollo de los hemisferios cerebrales) se cifra, según la prestigiosa revista JAMA (año 2000), en seis por cada 1.000 recién nacidos vivos o muertos.
No se tienen datos exactos de la incidencia de la espina bífida abierta en la población española antes de las actuales medidas preventivas y de la implantación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero se pueden citar las estadísticas del Reino Unido (entre uno y dos por cada 1.000) o de Irlanda (tres por cada 1.000).
En Argentina, país en el que la interrupción del embarazo solo se permite en casos de violación, pero en el que se realiza como en España la prevención con ácido fólico durante la gestación, la cifra publicada en al año 2000 es de 2,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.
En España se ha practicado durante muchos años un excelente programa de prevención de la espina bífida, y desde la implantación de la ley del aborto, la prevención con ácido fólico durante la gestación y el diagnóstico prenatal de estas lesiones, la prevalencia es solo de ocho casos por cada 10.000 recién nacidos vivos; es decir, uno por cada 1.000 en recién nacidos vivos. En sectores profesionales implicados en estos problemas esto siempre se ha considerado como un gran avance de la sanidad española, en comparación con periodos históricos anteriores, y también con otros países.
Desgraciadamente, si se suprime el supuesto de interrupción del embarazo, mucho me temo que volveremos de nuevo a cifras terribles, dado que se trata de malformaciones frecuentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad española es de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es decir, de 486.000 en el año 2010 y de 468.000 en 2011. Extrapolando datos, podríamos asumir que España se colocaría en una situación similar a la de Argentina, con 2,7 por cada 1.000 casos, o a la de Irlanda —que permite solo el aborto por riesgo para la salud de la mujer—, que con terapia de ácido fólico tiene un porcentaje de tres por cada 1.000 casos en recién nacidos vivos. Así, en el caso español y continuando el tratamiento preventivo con ácido fólico, nos colocaríamos en una cifra aproximada de 1.200 a 1.400 casos de niños con espina bífida al año.
¿Es el Gobierno consciente de ello? ¿Cómo piensa gestionar este problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e incluso a los futuros niños? ¿Que por la decisión de un político que fue ministro de Justicia no han podido valorar otras opciones?
No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable. Por otra parte, siempre he creído que los Gobiernos y las leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero no para castigarlos; y mucho menos por intereses posiblemente espurios.

 Hace unos meses me recomendaron un interesante video realizado por Vicente Baos,  Juan Gervás y otros colegas, en el que explicaban la Ley de Atención Inversa[1] (LAI), en su blog “Videos y salud” (http://videosysalud.blogspot.com.es/2011/10/ley-de-cuidados-inversos.html).  El video, como veréis, es muy bueno, especialmente por el esfuerzo pedagógico desplegado. Sin embargo, para mí es un ejemplo más de cómo se ha reinterpretado la Declaración de Alma Ata y la Atención Primaria (AP) desde una visión centrada en la consulta médica y que hay un evidente riesgo de reduccionismo de la idea original de AP.

Julian Tudor Hart, autor de la Ley de Atención Inversa.

Según el video, parecería que la forma de abordar el  problema planteado por de la LAI fuera el evitar un “sesgo” en el trato del usuario que llega a la consulta (según los autores del video, se dedica más tiempo y atención a los pacientes de mayor clase social y similares pautas culturales a las del sanitario que les atiende). Esto es muy importante.  Pero lo que principalmente nos dice la LAI (ver http://www.juliantudorhart.org/papers/Paper11.pdf ) es que ciertas personas con mas necesidades de salud ni siquiera se convierten en usuarios. No llegan a demandar servicios o lo hacen insuficientemente en relación a otros. Y que los servicios de salud no tienden a localizarse en las zonas con más necesidades de salud, especialmente, en los sistemas sanitarios regidos por criterios de mercado.

Es decir, hay una barrera socio-cultural que impide que las necesidades de salud de una comunidad sean equivalentes a la demanda de atención del centro de salud que sirve a esa comunidad. En esto se basa la necesidad de que el sanitario cuelgue de vez en cuando su bata y se ponga las botas para salir a la comunidad[2]. Es decir la salud comunitaria que no esta basada principalmente en la atención a la demanda.

Por eso es importante que los profesionales de nuestros centros de salud puedan (por el tiempo disponible y por las prioridades en los objetivos a cumplir) desarrollar el trabajo fuera del centro y dirigido a poblaciones vulnerables en su práctica diaria. También justifica el que existan centros especializados en prevención y promoción de la salud enfocados especialmente a estas tareas y que sirvan de apoyo y fomento de las mismas en la red de AP (ejemplo, los CMS del Ayuntamiento de Madrid[3][4]). Finalmente, señala las limitaciones de una AP que pretende resolver todos los problemas de la comunidad desde la consulta.

En Jamaica, algunos hombres son tachados de delincuentes sólo por expresar su amor.

Los intentos de celebrar el Día del Orgullo en Kiev, la capital de Ucrania, se han topado una y otra vez con un muro debido a las amenazas, muy reales, de violencia y a que la fuerza policial no está dispuesta a proteger a los participantes.

Y en Sudáfrica, el odio homófobo desemboca con demasiada frecuencia en agresiones y homicidios que no investiga la policía no suele investigar.

Estos tres países ofrecen una imagen de los tipos de discriminación y de violencia que afronta el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexo (LGBTI) en todo el mundo. En numerosos países, este clima de prejuicios aumenta la probabilidad de sufrir agresiones físicas y otros abusos contra los derechos humanos de las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, sea real o percibida.

El 17 de mayo, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo emprenderán acciones para poner de relieve la situación de los derechos humanos del colectivo LGBTI en estos tres países y mostrar su solidaridad.

Un elevado nivel de discriminación
En todo el mundo hay personas que sufren numerosas violaciones de derechos humanos debido a su orientación sexual o identidad de género, real o percibida.

El colectivo LGBTI sufre de forma desproporcionada un elevado nivel de discriminación en el acceso a la atención para la salud, la educación, el empleo y la vivienda. En muchos países, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas y el colectivo LGBTI es a menudo objeto de violencia, acoso, detenciones arbitrarias, detenciones ilegítimas, encarcelamiento y torturas. Varios países imponen aún la pena de muerte por las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y existe el riesgo de que esta pena se introduzca en otros.

Además, se niega a estas personas el derecho a la libertad de expresión y de reunión: en ciertos países, los activistas que organizan actos para celebrar el Orgullo son proscritas por las autoridades municipales o tienen una protección policial insuficiente cuando la amenaza de la violencia pesa sobre estos actos.

El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se creó en 2004 para llamar la atención de los responsables de las políticas, los líderes de opinión, los movimientos sociales, la opinión pública y los medios de comunicación sobre estas cuestiones. Se celebra el 17 de mayo para conmemorar la decisión adoptada en 1990 por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos mentales.

“Sólo por ser quienes son, en muchos países el colectivo LGBTI sufre la discriminación, la violencia y el miedo en su vida cotidiana”, ha declarado Emily Gray, del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional.

“En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Amnistía Internacional pide a miles de activistas que hagan una enérgica demostración de solidaridad para contribuir a cambiar las actitudes y las realidades en Jamaica, Ucrania y Sudáfrica.

Los activistas responden
En Jamaica, las relaciones sexuales consentidas entre hombres siguen estando penalizadas y pueden castigarse con hasta 10 años de cárcel. Aunque estas leyes rara vez se aplican, el clima de prejuicio resultante aumenta la probabilidad de que se produzcan discriminación, agresiones físicas y otros abusos contra los derechos humanos de las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, real o percibida.

Esta discriminación se traduce en casos frecuentes de detenciones arbitrarias, detenciones y malos tratos a miembros del colectivo LGBTI. El acceso a la atención para la salud, la vivienda, el empleo y otros servicios está también limitado por un nivel desproporcionadamente elevado de discriminación.

Durante la campaña electoral de diciembre de 2011, la actual primera ministra, Portia Simpson-Miller, declaró que “nadie debería ser discriminado debido a su orientación sexual” y que “el gobierno debería proporcionar protección” al colectivo LGBTI.

Los activistas de Amnistía Internacional están usando Twitter para recordar a la primera ministra y a su gobierno la urgencia de adoptar medidas concretas que respalden este compromiso.

Mientras, en Europa, el colectivo LGBTI de Ucrania sufre estereotipos negativos y un trato discriminatorio a manos de parte de la ciudadanía y de las autoridades. Hay noticias de que algunos líderes religiosos y autoridades elegidas del gobierno han hecho comentarios abiertamente discriminatorios contra este colectivo.

En Ucrania nunca se ha celebrado la marcha del Orgullo. La marcha que se iba a celebrar en la capital, Kiev, en mayo del año pasado se suspendió por las amenazas de violencia del público contra los participantes y porque la policía no estableció medidas de seguridad adecuadas.

Otros actos públicos organizados por el colectivo LGBTI han sido prohibidos por temor a suscitar reacciones negativas de la ciudadanía, y se ha enjuiciado a activistas LGBTI por ejercer su derecho de reunión pacífica.

Existe el temor de que la celebración del Orgullo el próximo 25 de mayo sea suspendida de nuevo por las amenazas y las insuficientes medidas de protección de la policía.

Amnistía Internacional respalda totalmente la marcha del Orgullo de Kiev y está trabajando con los organizadores para garantizar que las autoridades locales permiten su celebración sin obstáculos; la organización enviará una delegación para apoyar la marcha.

Los activistas también trabajan sobre Sudáfrica, donde los crímenes de odio contra personas debido a su orientación sexual o identidad de género, real o percibida, son muy frecuentes.

Entre junio y noviembre de 2012 solamente, Amnistía Internacional documentó siete asesinatos de miembros del colectivo LGBTI en el país, aunque es probable que la cifra real sea muy superior.

Existe una evidente desconexión entre las progresistas leyes sudafricanas sobre cuestiones LGBTI y el acceso, en la práctica, a la justicia para las personas de este colectivo que son víctimas de crímenes de odio. Esto es algo que queda patente en el hecho de que la policía no investiga adecuadamente los casos de violencia contra miembros del colectivo LGBTI y en el clima permanente de temor que éste soporta, sobre todo en algunos barrios y en las zonas rurales. En conjunto, prevalece la impunidad por estos crímenes de odio.

En torno a la fecha del 17 de mayo, los simpatizantes de Amnistía Internacional enviarán mensajes personales de solidaridad a activistas LGBTI de Sudáfrica, para alzarse juntos contra los crímenes de odio.

“Amnistía Internacional cree que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, deben poder ejercer todos sus derechos humanos sin temor a sufrir violencia, discriminación y persecución”, concluyó Emily Gray.

La decisión de la Corte Suprema de El Salvador de, una vez más, posponer su fallo sobre si permitir o no que una mujer embarazada con graves problemas de salud pueda tener un aborto muestra su completa falta de humanidad, dijo Amnistía Internacional.

Beatriz, una mujer de 22 años, cuyo caso está generando atención en todo el mundo, está embarazada de cuatro meses y ha sido diagnosticada con un número de enfermedades graves, incluyendo lupus y problemas de riñón.

No se espera que el feto que lleva sobreviva ya que no tiene gran parte del cerebro y cráneo.

Beatriz está actualmente en el hospital, pero le han negado tratamiento vital porque requeriría que se interrumpa su embarazo. El aborto es ilegal en todos los casos en El Salvador, aun cuando la vida de la mujer está en peligro.

La Corte Suprema tenía la oportunidad de resolver este tema con un fallo definitivo – la demora pone la vida de Beatriz en más riesgo del que ya estaba.

“Ayer, los jueces que tienen el poder de inmediatamente salvar la vida de una joven madre que quiere vivir desesperadamente eligieron no hacerlo. Estamos indignados por su abdicación de su rol de proteger y defender la vida y salud de Beatriz. No hay justicia en esta demora y definitivamente no hay humanidad,” dijo Esther Major, investigadora sobre America Central de Amnistía Internacional.

"Darse hasta tres semanas para decidir si Beatriz vive o muere, o potencialmente termina con graves problemas de salud, es extremadamente cruel."

"Instamos a los jueces a que inmediatamente defiendan los derechos de Beatriz y traten este caso con la urgencia que merece."

Las Naciones Unidas, la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, cuatro expertos especiales de las Naciones Unidas, incluyendo al experto sobre tortura y violencia contra las mujeres, han demandado que el estado le provea a Beatriz el tratamiento que quiere y necesita para sobrevivir.

“El gobierno de El Salvador debe actuar ahora para salvar a Beatriz y cumplir con su rol de garantizar los derechos humanos en el país. El mundo está mirando e instamos a las autoridades a que intervengan ahora para garantizar su derecho a la vida,” dijo Esther Major.

Ya han pasado más de dos meses desde que el hospital que está tratando a Beatriz pidiera permiso al gobierno para proveerle el tratamiento que necesita, pero las autoridades todavía no han tomado acción.

El Código Penal del país establece que cualquiera que pida o lleve a cabo un aborto puede ser condenado a largas penas de prisión. Esto significa que tanto los médicos como Beatriz podrían estar en riesgo de ser llevados a prisión si llevan a cabo la interrupción del embarazo.

Beatriz ya tiene un hijo de un año que necesita a su madre. Ella estaba enferma antes de su primer embarazo, pero sus dolencias se pudieron mantener bajo control.

Decenas de miles de personas de todo el mundo han solicitado a las autoridades en El Salvador que le provean a Beatriz el tratamiento médico que tanto necesita.

Más de 70,000 activistas de Amnistía Internacional han firmado peticiones y muchos más están actualmente tomando acción.

Las autoridades bahreiníes deben poner en libertad de inmediato a los cinco hombres condenados a un año de prisión por presuntas ofensas al rey de Bahréin en mensajes publicados en Twitter; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

El abogado Mahdi al Basri, de 25 años, fue detenido tras un registro policial en su domicilio, situado en Karrana, norte de Bahréin.

Al día siguiente se detuvo a Mahmood Abdul Majeed Abdullah al Jamri, de 34 años, Hassan Abdali Issa, de 33, Mohsen Abdali Issa, de 26, y Ammar Makki Mohammad al Aali, de 36.

Los cinco fueron procesados en causas separadas por ofender al rey en mensajes publicados en Twitter.

Mahdi al Basri fue acusado de publicar mensajes en Twitter en junio de 2012 que fueron rastreados para localizar su dirección IP. Él ha negado los cargos y asegura que no fue su cuenta personal de Twitter la que se utilizó para publicar estos mensajes, y que él no tenía ninguna relación con la cuenta que utilizaba su dirección IP.

Los hombres fueron condenados a un año de prisión el 15 de mayo en aplicación del artículo 214 del Código Penal de Bahréin, que tipifica como delito “ofender al emir [rey] del país y la bandera o emblema nacional”.

“Aparentemente, las autoridades de Bahréin están recurriendo a toda clase de artimañas para impedir que la gente exprese su opinión”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Dos años después de la sublevación en Bahréin, y a pesar de que el gobierno pretende haber emprendido reformas, las autoridades bahreiníes están endureciendo las medidas de represión contra quienes se atreven a expresar su opinión, ya sea a través de Twitter o en marchas pacíficas.”

El 14 de abril, el Consejo de Ministros bahreiní aprobó una enmienda al artículo 214 del Código Penal que eleva la pena por ofender al rey Hamad bin Isa al Jalifa o a la bandera y otros símbolos nacionales.

En virtud de esta enmienda, que se ha remitido a la Asamblea Nacional, tales delitos se castigarían con hasta cinco años de cárcel, además de fuertes multas.

Este mismo mes, en otro intento de restringir derechos básicos, la Cámara Baja del Parlamento bahreiní ha propuesto nuevas enmiendas a la Ley de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas.

Tales modificaciones impondrían más restricciones sobre el derecho de reunión pacífica al obligar a los organizadores a depositar una fianza de 20.000 dinares (53.050 dólares estadounidenses) para obtener un permiso. Además, deberán avisar a los residentes de la zona donde va a tener lugar la concentración.

Desde el comienzo de la revuelta en 2011, Amnistía Internacional ha documentado decenas de abusos contra los derechos humanos de activistas pacíficos en Bahréin, como tortura y otros malos tratos, uso excesivo e innecesario de la fuerza y detenciones arbitrarias.

La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, establecida por el gobierno de Bahréin en junio de 2011, se creó con el cometido de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de 2011 y presentar un informe.

La Comisión concluyó que las fuerzas de seguridad eran responsables de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, pero no se ha observado ningún progreso para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos.

JAVIER BAÑUELOS   16-05-2013

El Hospital del Tajo, en Aranjuez, es uno de los seis que la Comunidad de Madrid ha incluido en el proceso para privatizar su gestión sanitaria. La Cadena SER también se ha puesto en contacto con CAPIO, fuentes de esta compañía aseguran que desconocían este caso y añaden que “vamos a analizar si este error puede perjudicar nuestra imagen”. La Consejería de Sanidad alega que es un error del proveedor.

El departamento de compras del Hospital del Tajo (en Aranjuez) hizo su trabajo, necesitaban batas desechables para la unidad de radiología, y encargó varios lotes.

A los días, es decir, hace dos semanas, el hospital recibió el pedido. Eran cinco cajas llenas de batas, pero la sorpresa vino al abrir una de ellas. “Tenía el logo del distribuidor habitual pero además ponía CAPIO. Eran exactamente iguales a las que solemos recibir, pero lo dicho, tenían el logo de esta empresa”, cuenta a la Cadena SER, el Jefe de Sección de la Unidad de Digestivo de este hospital, Oreste Loiacono.

Los trabajadores pidieron explicaciones al coordinador de la Unidad de Radiología, que a su vez, hizo lo propio con la responsable de compras del Hospital del Tajo. Esta persona se puso en contacto la distribuidora, y recibió como respuesta que “todo fue culpa de un error”.

Es la misma respuesta que ha recibido la Cadena SER de esta empresa, Unidix, que se encarga del envío de este material. Según fuentes de esta compañía “la cajas físicamente son iguales y algún un operario se confundió y cogió la caja equivocada”. La prueba dicen es que el número de lotes es casi idéntico, 044A40 (en el caso de los pedidos del Tajo) y 044A40CA (en los pedidos de CAPIO).

¿Anécdota o sospecha?

La empresa defiende que fue un error, sin embargo, en 4 años, los trabajadores del Hospital de Aranjuez no recuerdan un error así. “Llama la atención que justo ahora, justo en pleno haya una bromita como esta en un hospital que se presume pueda ser comprado por CAPIO”, apunta el doctor Loiacono.

Precisamente desde UPyD, su portavoz en sanidad apunta en la misma dirección, “si es una coincidencia, es una mala coincidencia. Puede ser una anécdota por un error del proveedor, pero ¿Y si no lo es?. Supongamos que esta empresa, tal y como se rumorear se queda con la gestión de este hospital. Estaríamos en un supuesto muy grave”, dice Enrique Normand.

CAPIO molesta

La Cadena SER también se ha puesto en contacto con CAPIO, desconocían este asunto, y según fuentes de esta compañía, aseguran que “estamos estudiando si el error que ha cometido esta empresa puede perjudicar nuestra imagen, al dar pie a todo tipo de sospechas en pleno proceso de licitación para privatizar, precisamente, este hospital de Aranjuez”.

Según CAPIO, con la empresa Unidix sólo les une un contrato con más de 10 años de antigüedad para el suministro de batas al hospital privado que tienen en Albacete.

La Consejería de Sanidad de Madrid se limita a apuntar que este caso sólo responde a “un error del proveedor”.

Cadena Ser