Nunca les gustó que España se configurara como un Estado de Autonomías. Desde el momento de la Ponencia Constitucional (están las actas del Congreso para confirmarlo) fue una de las "pegas" planteadas por la entonces Alianza Popular a llegar a un consenso para la elaboración de un texto constitucional en el período constituyente. Y desde entonces no han parado en sus críticas al Estado de las Autonomías. Durante el tiempo de la UCD (de esta coalición de centro derecha la mayoría están hoy en el Partido Popular) se hizo leyes que como toda la izquierda y nacionalistas decían daba la impresión que era "café para todos". Sin embargo con todo lo que supusiera de aparente desapego al hecho diferencial de algunos pueblos del Estado Español, lo cierto que se alcanzaron techos de autonomía razonablemente altos en pocos años. El PSOE consolidó este proceso con el traspaso de competencias, como en la etapa anterior, bien basadas y financiadas para que la transferencia fuera un hecho real y natural.
Sin embargo el Gobierno del Señor Aznar se dedicó a "ralentizar" todo lo que pudo las transferencias. Pero como esta derecha siempre le ha gustado jugar a la sorpresa e improvisación -esa de la que acusa a los demás ahora- decidió en un momento dado (2001) cerrar de golpe las transferencias sin calibrar la financiación que debían recibir. La Sanidad Pública fue una de las transferencias. El motivo era estratégico. Además de desacreditar el Estado Autonómico, para -a largo plazo si hacía falta- poder justificar su liquidación y derribo, permitía (con el banderazo de salida de las privatizaciones de las empresas públicas subastándolas a precio "de saldo", incluida Argentaria- Caja Postal la segunda Banca del país) el desarrollo de las privatizaciones, desmantelamiento de los Servicios Públicos y retroceso del Estado del Bienestar, para ir posteriormente a su liquidación.
Después del paréntesis que ha supuesto estos años de Gobierno Socialista, con los torpederos derechistas situados en lugares estratégicos como Madrid y Valencia, ahora vuelven a mostrar sus intenciones de derribar el Estado de las Autonomías y "reformar" la Constitución de forma encubierta con los Estatutos de Autonomía y o de forma clara y rotunda en caso (como así parece que va a ser) de ganar las elecciones en noviembre.
Es en este terreno en el que el sñor Fabra, como la lideresa en Madrid, amenaza con devolver competencias, y lo hace con un argumento además de soberbio, hipócrita. Porque si el problema es que el Estado no paga lo que tiene que pagar, por qué no dijeron lo mismo cuando el señor Aznar hizo las transferencias en el plan de "buscaros la vida como podais". Hay que recordar que el falaz argumento de que en 1992 se fijó un plazo improrrogable de 10 años para completar las transferencias, no entiendo a qué se dedicó el Gobierno de Aznar desde 1996 hasta el 2001, además de liquidar el sector público a precio de saldo.
No es una amenaza. Es el reconocimiento más claro, desde los tiempos de la ponencia constitucional, como decía al principio de este comentario del entendimiento que tiene la derecha del Estado Social y Democrático de Derecho, plasmado en el Estado de las Autonomías, que le pesa como una losa, fijación como otras en las que fundamenta su "ideario político".
